El gabinete analiza el "tráfico

Se ha presentado al gabinete un nuevo plan para permitir que los municipios árabes sigan recibiendo fondos del gobierno y al mismo tiempo garantizar que el dinero no termine en los bolsillos de organizaciones criminales.

El nuevo sistema de “semáforo” clasificaría a los municipios árabes según su nivel de riesgo de infiltración por parte del crimen organizado. Presentado por el Ministro de Igualdad Social, Amichai Chikli, y el Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el plan, que fue discutido en una reunión de gabinete la semana pasada, cuenta supuestamente con el respaldo del Primer Ministro Benjamín Netanyahu.

La propuesta se produjo después de que el Ministro de Finanzas decidiera retener 200 millones de NIS (53 millones de dólares) en fondos de desarrollo para municipios árabes a principios de este mes, alegando que era probable que el dinero fuera canalizado a manos de bandas criminales. Smotrich también afirmó que no se esperaba que él “sellara” las decisiones de gobiernos anteriores, dado que la asignación era una partida presupuestaria aprobada por la anterior coalición gubernamental anti-Netanyahu que incluía al partido islamista Ra'am.

La decisión de retener el dinero fue recibida con fuertes críticas por parte de la oposición e incluso de miembros de la coalición gobernante, incluido el Ministro del Interior y de Salud, Moshe Arbel.

Tras la reacción violenta, la oficina de Netanyahu anunció el 9 de agosto que se pondrían en marcha mecanismos de seguimiento no especificados antes de que se liberara la financiación. Más recientemente, Smotrich celebró una serie de reuniones con líderes de autoridades locales árabes y el Shin Bet para discutir opciones para garantizar que los fondos no sean malversados.

Según la última propuesta presentada por Smotrich y Chikli, los municipios árabes se clasificarán en un sistema de tres niveles: los “verdes” recibirían financiación sin condiciones, los “amarillos” recibirían financiación con supervisión y los “rojos” verían sus fondos congelados en espera de una solución que garantice que los fondos no terminen en manos de organizaciones criminales. La clasificación la decidirá el Ministerio del Interior, la policía y el Shin Bet, según la emisora ​​pública Kan.

Los detalles del sistema de supervisión aún están bajo discusión, dijo un portavoz de Smotrich al Times of Israel.

"La decisión de supervisar la transferencia de los fondos para que lleguen a los ciudadanos árabes israelíes y no a los grupos criminales es una demanda justa, moral y correcta que hoy no puede ser cuestionada", dijo Smotrich en un comentario reciente.

En respuesta a esa declaración, Mudar Younes, alcalde de la ciudad árabe de Wadi Ar'ara, comentó: “La respuesta a los esfuerzos de elementos criminales por apoderarse de las autoridades locales debe venir de la policía: hacer cumplir la ley y castigar. No puede ser que se castigue a las víctimas de los intentos de toma de poder por parte de elementos criminales y no a los verdaderos criminales”.

También dijo que había un doble rasero, ya que no se recortan los fondos cuando se destinan a municipios judíos en los que surgen casos de corrupción.

Dado que las elecciones locales se celebrarán dentro de dos meses, algunos expertos han advertido sobre el riesgo de que elementos criminales amenacen y chantajeen a los funcionarios locales para obtener favores y, en ocasiones, recurran a la violencia.

Desde principios de año, 157 miembros de la comunidad árabe han sido asesinados por la violencia, según el grupo de vigilancia contra la violencia Iniciativas Abraham, gran parte de ello atribuido a organizaciones criminales en guerra. La cifra es más del doble que en el mismo período de 2022.

Los asesinatos recientes incluyeron un impactante homicidio cuádruple el martes por la noche en la ciudad norteña de Abu Snan. Una de las víctimas, Ghazi Sa'ab, se presentaba como candidato a alcalde en las próximas elecciones municipales y había anunciado el lanzamiento de su campaña sólo unas horas antes de su muerte. El ataque fatal se produjo un día después del asesinato del director municipal de Tira, Abdul Rahman Kashua.

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